La industria petrolera global atraviesa uno de sus momentos de mayor turbulencia en décadas. Lo que a comienzos de 2026 era un mercado que apuntaba hacia la estabilidad fue sacudido en cuestión de días por el inicio del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán.
Las consecuencias se sienten en todos los eslabones de la cadena energética global, y sus efectos sobre América Latina, y Venezuela en particular, apenas comienzan a desplegarse.
El 28 de febrero de 2026, los ataques aéreos conjuntos sobre Irán desencadenaron el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz, el corredor marítimo más crítico del mundo para el transporte de energía.
Antes del conflicto, por ese paso transitaban cerca de 20 millones de barriles diarios, equivalentes a un quinto del consumo mundial. Según el Oil Market Report de la International Energy Agency (IEA), el tráfico de buques tanqueros se desplomó a menos del 10% de sus niveles previos, obligando a los países productores del Golfo a recortar su producción en al menos 10 millones de barriles diarios. El Brent, un tipo de petróleo ligero extraído del Mar del Norte, cotizaba alrededor de 70 dólares a finales de febrero y superó los 120 dólares en cuestión de días.
La disrupción no se limita al crudo. El cierre del Estrecho paralizó también las exportaciones de gas natural licuado de Qatar, responsable de cerca de una quinta parte de la oferta global, y golpeó mercados de fertilizantes, petroquímica y carga aérea, planteando una amenaza importante a la seguridad energética. J.P. Morgan advirtió que el barril podría superar los 150 dólares si las disrupciones se extienden hasta mediados de mayo.
Ante la crisis, los países miembros de la IEA acordaron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas de emergencia, la mayor acción colectiva de ese tipo en la historia de la organización, logrando llevar el precio de vuelta a niveles cercanos a los 92 dólares. Sin embargo, analistas de Oxford Economics y Deloitte coinciden en que mientras el Estrecho permanezca cerrado, las medidas de contención son apenas un alivio temporal.
El conflicto tomó por sorpresa a muchos mercados, pero no a Washington. Meses antes, la administración Trump ya había trazado una estrategia de seguridad energética hemisférica cuyo objetivo central es garantizar acceso a fuentes de hidrocarburos que no dependan de corredores geopolíticamente vulnerables del Medio Oriente. En ese mapa, Venezuela ocupa un lugar estratégico de primer orden.
Venezuela alberga las reservas probadas más grandes del mundo, estimadas en más de 300 mil millones de barriles, pero su producción actual ronda apenas entre 800.000 y 900.000 barriles diarios, una fracción de los más de 3 millones que producía en los noventa. El problema es que lograr levantar la producción de petróleo tomará tiempo, inversión y, sobre todo, una arquitectura institucional legítima que permita ordenar la gestión de los activos y garantizar reglas claras para todos los actores.
Si bien la Asamblea Nacional del régimen aprobó en enero una reforma a la ley de hidrocarburos que elimina el requisito de que PDVSA sea el accionista principal en todos los proyectos y, que permite negociar menores regalías y habilita arbitraje internacional para la resolución de disputas, pero esa reforma aún es insuficiente para generar la confianza que requiere una industria intensiva en capital, especialmente en ausencia de contrapesos institucionales y garantías plenas de transparencia en la toma de decisiones.
Según informó Reuters en su cobertura del CERAWeek de Houston en marzo de 2026, las grandes empresas petroleras han vuelto a priorizar la exploración de nuevas reservas, después de años de priorizar dividendos y recompras de acciones. Shell declaró en esa conferencia que evalúa activamente proyectos en Venezuela y podría tomar decisiones de inversión antes de finales de año, si la situación fiscal y legal del país lo permite.
Las reservas del sector privado siguen siendo considerables. El CEO de ExxonMobil declaró ante el propio Trump que Venezuela era “uninvestable“. Chevron ha condicionado su expansión a financiarse con flujos propios, sin capital nuevo. El problema de fondo es la ausencia de un proceso electoral claro, un sistema judicial politizado y una cadena de mando sobre los activos que permanece jurídicamente disputada tanto en Caracas como en Washington.
La coyuntura representa una ventana de oportunidad enorme para que Venezuela retome su futuro. El país posee los recursos. El mundo los necesita. La tecnología para extraerlos existe. Lo que permanece incierto es cuándo Venezuela podrá consolidar un marco institucional legítimo y predecible que no sólo atraiga inversión, sino que también proteja el valor de sus activos estratégicos y garantice que la recuperación del sector se traduzca en beneficios sostenibles para la población.
Las grandes compañías petroleras no solo esperan condiciones económicas favorables, sino estabilidad y legitimidad democrática, producto de elecciones libres y transparentes. Solo sobre esa base puede construirse un verdadero Estado de Derecho, capaz de ofrecer el marco jurídico confiable que exige una inversión de esta magnitud.
