El mundo del trabajo cambió de manera irreversible en 2020. Lo que la pandemia del COVID-19 impuso por necesidad, trabajar desde casa, cerrar contratos por videollamada, gestionar regulaciones desde otra ciudad o incluso desde otro país, terminó consolidándose como modelo permanente. El teletrabajo se multiplicó por diez tras el inicio de la pandemia y se estabilizó en torno a un nivel cinco veces superior al nivel pre pandémico.
Hoy, servicios de consultoría técnica, asesoría legal y regulatoria, auditoría de operaciones, gestión de contratos y ventas especializadas se prestan rutinariamente de forma remota y digital en los principales mercados del mundo. La pregunta relevante para Venezuela es si el país está en condiciones de participar de esa dinámica en un momento en que su industria energética es llamada a despertar.
Un ecosistema que crece alrededor del petróleo
La reactivación de la industria petrolera venezolana no se reduce a taladros, pozos y barriles. Detrás de cada proyecto existe una cadena compleja de servicios: consultoría técnica, asesoría legal y regulatoria, gestión ambiental, auditoría financiera, formación de capital humano.
Ese es precisamente el ecosistema que Venezuela necesita activar. Y es ahí donde las telecomunicaciones dejan de ser un tema sectorial para convertirse en una condición estructural del desarrollo económico.
El estado actual: avances reales, brechas persistentes
El panorama de las telecomunicaciones en Venezuela habla de una obra en proceso. Los datos de DataReportal indican que en 2025 Venezuela registró 22,5 millones de conexiones móviles activas, equivalentes al 79,1% de la población, pero solo 17,5 millones de personas tienen acceso efectivo a internet, lo que sitúa la penetración real en 61,6%.
La diferencia no es menor: implica que una porción significativa de esas conexiones móviles se limita a voz y SMS, sin acceso a datos. En un ecosistema de servicios que opera sobre videollamadas, plataformas colaborativas, transferencia de archivos técnicos y gestión documental en la nube, esa brecha no es estadística, es operativa.
Mientras que el año pasado, el régimen venezolano, por su parte, dijo que Venezuela alcanzó 233.289 kilómetros de fibra óptica instalados en todo el territorio nacional, estudios académicos independientes pintan un cuadro muy distinto.
Un análisis publicado en 2024 por la Universidad Católica Andrés Bello asevera que el 81,2% de los hogares venezolanos declaró no tener acceso a internet, y el 70,5% reportó no contar con computadoras en casa. El mismo estudio sitúa a Venezuela en el puesto 138 de 140 países en velocidad móvil promedio, calificada como la tercera conexión más lenta del mundo. La distancia entre el discurso oficial y la evidencia académica no es un detalle menor: es, en sí misma, una señal de la magnitud del desafío.
Persiste el reto de interconectar todas las regiones del país a la red de transporte, especialmente en zonas remotas, donde la viabilidad económica para llevar conectividad a poblaciones pequeñas sigue siendo el mayor obstáculo. Precisamente las zonas donde se concentra la actividad energética, el oriente del país, las cuencas productoras, el Arco Minero, son las que presentan mayores brechas de cobertura y calidad de señal.
Porque la lógica del ecosistema de servicios remotos es implacable: un consultor técnico en Houston, un asesor regulatorio en Madrid o una firma de auditoría en Bogotá tomarán la decisión de trabajar con Venezuela, o de no hacerlo, en función de si pueden operar con la misma fluidez con que lo hacen en otros mercados. Latencia, estabilidad, ancho de banda y cobertura en zonas de operación no son tecnicismos menores: son los parámetros que determinan si el negocio es viable o no.
Las implicaciones de esta brecha van más allá del sector energético. Una infraestructura de telecomunicaciones robusta es también condición habilitante para la telesalud incluyendo modalidades tan avanzadas como el monitoreo remoto de pacientes y la asistencia quirúrgica a distancia, para la educación virtual y para la participación plena de los ciudadanos en una economía cada vez más digital. En un país donde la infraestructura hospitalaria y educativa también acusa décadas de deterioro, la conectividad no es únicamente una palanca económica: es una condición de bienestar y de cohesión social.
Ese círculo virtuoso requiere que la infraestructura de telecomunicaciones esté lista, o que al menos vaya por delante de la demanda, no detrás de ella.
¿Qué tan grande es esa brecha hoy, y qué decisiones concretas podrían cerrarla? Esa es una de las preguntas que le hemos formulado a uno de los expertos venezolanos más calificados para responder.
