Ramón Aguilar es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), especialista en derecho procesal y derecho del trabajo, con más de 30 años de experiencia en litigios, negociación y arbitrajes en los campos de derecho civil, mercantil, laboral y contencioso administrativo.
Actualmente se desempeña como árbitro y mediador del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, en Caracas, Venezuela, y es socio internacional de la firma AMS Abogados, con sede en Madrid.
Ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela, en las cátedras Derecho Civil I y Derecho Procesal Civil I, a nivel de pregrado, y de Teoría General del Proceso en la Especialidad de Derecho Procesal, a nivel de postgrado.
1. Usted afirma que Venezuela ha entrado en una fase de “mando a distancia” donde el gobierno de EE. UU. ejerce un poder constituyente de facto. ¿Cómo se logra que este tutelaje no anule la soberanía nacional, sino que sirva exclusivamente como un puente legítimo hacia la restitución de la Constitución de 1999, las libertades, la institucionalidad y el progreso?
La soberanía venezolana ha sido vulnerada desde hace mucho tiempo, especialmente aquella que reside en el voto ciudadano. En este momento, lo que se intenta es la reconstrucción del orden constitucional.
La administración Trump ha señalado como objetivos la estabilización, la recuperación y la transición; posteriormente se ha agregado la reconciliación. Consideramos que estos objetivos apuntan claramente hacia la restitución del orden constitucional y de la soberanía. Sin embargo, discrepamos respecto al orden o a las prioridades que se les está dando. Creemos que la transición hacia la democracia debe ser prioritaria o, cuando menos, caminar al mismo paso que la estabilización y la recuperación económica.
2. En su análisis propone un cogobierno para reorganizar entes como el TSJ, el CNE y PDVSA. ¿Bajo qué mecanismo jurídico —más allá de la fuerza de los hechos— se le daría legalidad a estos nombramientos temporales para que sus decisiones no sean tachadas de nulas en el futuro por tribunales internacionales o nuevos gobiernos y se posibilite el cambio democrático en el país?
La Constitución de 1999 tiene un mandato para su defensa y restitución en caso de quebrantamientos, como lo que vivimos actualmente. Sin embargo, no dispone de reglas o mecanismos para ello. En tal sentido, se debe instituir un proceso que cumpla con los principios que establece la propia Constitución, principalmente los principios democráticos, esto es, la participación ciudadana y de los factores democráticos en general.
Esta autoridad es transitoria y luego debe ser revisada y, de ser el caso, legitimada, una vez se designe una nueva Asamblea Nacional. Puede ser, en este momento, designada por algún tipo, como dijimos, de cogobierno, de asamblea paritaria o de cualquier mecanismo que involucre la participación preponderante y activa de los factores democráticos. Difícilmente va a ser en la proporción de 70/30, según demostraron las últimas elecciones; sin embargo, cuando menos, para esta idea de reconciliación nacional y de transición, sin duda deben cambiarse los magistrados del Tribunal Supremo, los jueces, los rectores del CNE, el fiscal general y todos estos órganos constitucionales que han sido suprimidos, captados o manejados por el régimen chavista.
3. Usted advierte que inyectar capital sin desmontar el aparato represivo (DGCIM, SEBIN y colectivos) es “girar la rueda de la corrupción”. ¿Cree usted que la administración de Donald Trump está dispuesta a priorizar los tiempos de la reforma institucional sobre la urgencia de estabilizar el mercado energético, la economía y ofrecer posibilidades para que regrese la diáspora de venezolanos?
Ese es un falso dilema: la transición debe ser y es hacia la democracia. La economía es algo que está presente y que se debe atender, pero no se puede esperar a recomponer la economía, porque esa recomposición también depende de la legitimidad del gobierno y de las instituciones, de la garantía política y social que se le dé a esas inversiones. Esperamos que la administración Trump pronto se dé cuenta de esta necesaria simbiosis y modifique el orden de prioridades.
4. Menciona como imperativo la expulsión de asesores de Cuba, Rusia, Irán y China. Desde su perspectiva jurídica y política, ¿cuál debería ser el estatus de los acuerdos y tratados internacionales firmados por la administración anterior con estos países? ¿Deben ser denunciados o simplemente desconocidos?
Todos los acuerdos con otros países deben ser revisados. Las deudas legítimas deben reestructurarse dentro del proceso general que se desarrolle en ese sentido. Pero los acuerdos que impliquen que factores extranjeros sigan manejando las instituciones venezolanas, como el SAIME, los sistemas de seguridad, el sistema de salud o el deporte, deben ser proscritos. No podemos aceptar funcionarios, espías, facilitadores ni personas que vengan a controlar las instituciones en Venezuela.
5. Usted invoca la extensión de la Orden Ejecutiva del 9 de enero de 2026 para proteger a CITGO y manejar la deuda. ¿Es suficiente el marco legal de EE.UU. para blindar los activos venezolanos frente a acreedores agresivos, o es indispensable una resolución vinculante al nuevo gobierno de transición democrática para buscar mecanismos y acuerdos que permitan soluciones concertadas?
El primer y principal socio comercial de Venezuela debe ser los Estados Unidos. En ese país están los principales activos en el extranjero y deben estar las cuentas de PDVSA y de la República. Es fundamental que Estados Unidos mantenga la protección o bloqueo de esos activos y cuentas hasta que se verifique el proceso ordenado de reestructuración de la deuda pública venezolana externa. Mientras exista esa protección, los activos como CITGO no pueden ser embargados ni ejecutados, lo que permitirá entrar en un proceso ordenado de negociación con todos los acreedores.
6. Afirma que la liberación de presos políticos no es un gesto humanitario, sino una “condición de viabilidad”. ¿Cómo propone usted manejar las tensiones de justicia transicional? ¿Es posible una Ley de Amnistía que satisfaga a las fuerzas democráticas sin generar una percepción de impunidad ante crímenes de lesa humanidad cometidos por el actual régimen en el poder desde hace décadas?
Volvemos al tema de la legitimidad y la democratización. La ley de amnistía, ni ninguna otra ley de transición, puede ser dictada por una Asamblea Nacional espuria, sin legitimidad democrática. Los torturadores y perseguidores no pueden dictar leyes para la transición ni la reconciliación. Estas leyes deben ser dictadas por un órgano de consenso, con participación preponderante de los factores democráticos.
Por eso, la administración Trump debe procurar garantías para la excarcelación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados. Es importante tener en cuenta que, para la excarcelación de los presos políticos, no se requiere una ley de amnistía. La ley de amnistía se requiere para la reconciliación, para establecer mecanismos para el cierre de los procesos de manera definitiva, para que cese la persecución, para notificar a las autoridades de Interpol y a los organismos internacionales, y para que los exiliados y los perseguidos puedan recuperar sus bienes y sus libertades en Venezuela, además de las correspondientes indemnizaciones.
La ley de amnistía no es un perdón ni para crímenes de lesa humanidad ni para las violaciones de derechos humanos.
7. Su informe pide priorizar la soberanía popular expresada en julio de 2024. ¿Qué rol institucional concreto deberían jugar los 8,7 millones de venezolanos que emigraron al exterior en esta nueva arquitectura transitoria, más allá del envío de remesas o el retorno físico?
Debe garantizarse el inmediato retorno de los exiliados que deseen regresar y retomar su vida cotidiana y participar en la reconstrucción democrática y económica del país. Además, esto implica que estos exiliados, en el caso de los que no quieran regresar a Venezuela, puedan participar en los comicios que seguramente se realizarán a fin de legitimar las autoridades en Venezuela, comenzando por la Asamblea Nacional.
8. ¿Cómo visualiza la recuperación y el desarrollo de la industria de los hidrocarburos, minería y otros sectores que hagan posible el crecimiento económico, la creación de empleos formales y la fijación de la sociedad del bienestar?
Venezuela es tierra de gracia. Con la debida gerencia y con garantías, la reconstrucción es absolutamente viable y posible. Se requiere, por supuesto, reconstruir las instituciones y las normas que ya están previstas en la Constitución y en las leyes para enviar a los trabajadores a la industria petrolera y a cualquier otra. Debemos hablar de aumentos salariales, de la reconstrucción del sistema de seguridad social y de la libertad sindical. Nuevamente, se trata de cumplir la ley.
9. La industria petrolera será clave en cualquier proceso de recuperación. ¿Cómo se puede reactivar una actividad petrolera sólida y competitiva sin repetir los errores del pasado, garantizando estándares laborales justos, legales y basados en el mérito?
El problema de la industria petrolera venezolana y de otras industrias fundamentales nunca ha sido ni fue el tema de los derechos laborales. Estos sectores tenían el mejor contrato colectivo de Venezuela; era un privilegio trabajar para PDVSA o en la industria de hidrocarburos en general. El problema fue la corrupción, la falta de mantenimiento y la ignorancia que sustituyó el sistema de mérito, luego de que Chávez despidió a 23.000 trabajadores entre 2002 y 2003. Hay que cumplir la ley. Eso es todo.
10. En las comunidades donde se desarrolla la actividad petrolera, ¿qué papel juegan los derechos laborales y la profesionalización del trabajo para que la reactivación del sector genere bienestar real, economía local y oportunidades sostenibles, y no solo renta concentrada?
Volvemos al tema de la simbiosis entre economía y democracia. Si se reactivan pozos o se perforan otros nuevos, si se reactivan las refinerías y todo el engranaje que eso significa, las empresas públicas y privadas pueden y deben pagar los derechos laborales que corresponden. Además, el interior del país, donde está la producción y la refinación, puede dejar de ser un desierto de inopia y abandono producido por el chavismo, para dar paso a la producción o reconstitución de ciudades industriales, ciudades comerciales y ciudades productivas.
11. En un escenario de transición hacia la democracia, ¿cuáles diría usted que son los primeros derechos laborales que deben restituirse para comenzar a reconstruir la confianza entre los trabajadores y el Estado venezolano?
Lo primero es aumentar el salario y eliminar el perverso sistema de bonificaciones; suprimir la inamovilidad general, que es un cáncer; y, por supuesto, reactivar la libertad sindical. Recuperar el salario es absolutamente necesario. No solo es un mandato constitucional, sino que es parte de nuestra cultura y una deuda social insoslayable. El salario debe ser lo que establece la Constitución: digno, y además ser la base de cálculo de muchos otros beneficios. Recomponer la estructura y la noción de salario es fundamental.
Otro gran reto es reconstituir la seguridad social, asistencial en los hospitales y centros de salud, y prestacional, con el aumento y la garantía de las pensiones de vejez y discapacidad.
12. ¿Cómo puede una transición democrática traducirse en instituciones laborales más fuertes, donde se respete la libertad sindical, la meritocracia y reglas claras tanto para trabajadores como para empleadores?
Como queda claro debe suprimirse o minimizarse el “Estado empresario” y darse paso y cabida a las empresas privadas dentro de estas. Por supuesto debe respetarse las leyes laborales y para que esto suceda deben recomponerse modificarse cambiarse instituciones fundamentales como el tribunal supremo de justicia y los jueces laborales intervenir el Ministerio del trabajo y por vía de decreto posiblemente nuevamente recuperar las comisiones tripartitas tanto a nivel nacional como a nivel regional para que los trabajadores y los empresarios participen en los nuevos acuerdos sociales que van a brindar y sostener la recuperación económica.
Las opiniones expresadas por Ramón Aguilar son de su autoría y responsabilidad, y no reflejan necesariamente la postura o posición de PDVSA Ad Hoc.
Si quieres profundizar más sobre este tema, te invitamos a leer el artículo de esta semana: “Venezuela y la nueva apertura petrolera: el impacto esperado en las comunidades”, que explora cuál podría ser el impacto de la reactivación de la industria petrolera en la economía local y nacional.
Puedes leer el artículo aquí.
