Juan Carlos Echeverry es Economista de la Universidad de los Andes; Ph.D. en Economía de New York University; Diploma en Economía Internacional en el Instituto de Economía Mundial de Kiel, Alemania; y cursos Postgrado en Filosofía de la Universidad Complutense en Madrid, España.
Ministro de Hacienda, CEO de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia. Decano de Economía de la Universidad de Los Andes y Director del Departamento Nacional de Planeación. Ha sido profesor y lecturer de varias universidades en Estados Unidos, Europa y América Latina.
Es socio fundador de EConcept, firma de consultoría económica, con prácticas en Bogotá y Washington DC. Experto en liderar grupos de alto desempeño en política pública y manejo de crisis, y reconocido conferencista.
Escribió la novela EN SITIOS MÁS OSCUROS, publicada en 2019; en 2022 publicó UN AÑO DE SOLEDAD, CRÓNICAS Y LECCIONES DE UN POLÍTICO PRIMÍPARO, sobre su experiencia en la campaña presidencial; y en 2023 el libro SALVAR A ECOPETROL, LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS, todos con editorial Planeta.
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Dr. Echeverry, En los últimos meses, hemos observado una caída significativa en los precios del petróleo, con el crudo Brent perdiendo más de US$5 y el WTI casi US$6 en un solo día, impulsados por nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Además, el presidente Donald Trump ha implementado una política de aranceles que ha generado incertidumbre en los mercados globales.
1. ¿Cómo evalúa usted el impacto de las recientes políticas comerciales del gobierno de los Estados Unidos en el mercado global del petróleo?
Las recientes medidas adoptadas por la administración de los Estados Unidos en materia energética han desacelerado el mercado petrolero y provocado una caída en los precios. Esto se debe a que las políticas arancelarias, como era razonable prever, generan un efecto restrictivo tanto sobre la economía china como sobre la estadounidense.
¿Cuál es la causa de fondo? Los aranceles son, en esencia, impuestos. Y como ocurre con cualquier impuesto, su aplicación tiende a reducir la actividad económica. Cuando los consumidores deben destinar una parte significativa de su gasto en bienes y servicios al pago de tributos al Estado —del orden de un 10, 20 o incluso 30%—, se reduce la demanda agregada, aun cuando el ingreso disponible permanezca constante.
Este fenómeno tiene un impacto recesivo, al disminuir el consumo y la inversión tanto de hogares como de empresas. Además, se trata de un efecto distorsionador, ya que los aranceles no se aplican de forma uniforme. Las tasas impuestas a China, por ejemplo, difieren de las aplicadas a países como Vietnam, Brasil o Alemania. Esto genera un redireccionamiento del comercio internacional y de la demanda, no motivado por razones de eficiencia económica, sino por decisiones discrecionales del Estado.
En consecuencia, estas medidas contribuyen a una contracción del PIB global. Dado que el producto interno bruto tiene una alta intensidad energética —particularmente basada en hidrocarburos—, la caída en la actividad económica global se traduce directamente en una menor demanda de estos combustibles.
A ello se suma un efecto adicional, de carácter incierto y difícil de cuantificar: la volatilidad asociada a la duración y estabilidad de estas políticas. La falta de claridad sobre su permanencia genera una parálisis precautoria en los agentes económicos.
Cabe recordar que Estados Unidos sigue siendo el principal ancla de la economía y de la política pública global. Por eso, cuando su gobierno adopta posturas comerciales inestables —como la aplicación variable de aranceles—, introduce un nuevo costo sistémico: una especie de impuesto adicional que afecta tanto a las familias como a las empresas, al incrementar la incertidumbre en el entorno económico internacional.
2. Ante la caída de los precios del crudo, ¿qué estrategias considera más efectivas para que los países productores de petróleo, especialmente en América Latina, puedan adaptarse a este nuevo escenario?
En primer lugar, es fundamental entender —especialmente tratándose de empresas petroleras— que los efectos de las medidas arancelarias varían significativamente entre países como Brasil, Colombia, Argentina y México. En el caso mexicano, existe un acuerdo comercial profundo que incluye a Canadá, lo que lo ubica en una posición distinta.
Por su parte, a Colombia y Brasil se les aplicó un mismo arancel del 10%, pese a sus diferencias estructurales. Colombia mantiene un déficit comercial con Estados Unidos —es decir, EE. UU. tiene superávit frente a Colombia—, mientras que Brasil es considerado un país con múltiples distorsiones comerciales que afectan a Estados Unidos. Aun así, no se tomaron en cuenta estas diferencias. En Brasil, incluso se esperaba un arancel mucho más alto. Cuando se anunció el 10%, se estimó que el impacto sería marginal, inferior a los 5 mil millones de dólares, según cálculos del banco Itaú.
Tanto Colombia como Brasil vieron con buenos ojos que el arancel aplicado a Vietnam —uno de los mayores productores de café— alcanzara niveles cercanos al 30%, mientras que sus propios aranceles se mantuvieron en 10%. En términos netos, esta situación representó un beneficio relativo para Colombia.
En resumen, los aranceles anunciados para América Latina fueron planos y del 10%. Aunque distorsionantes, lo fueron en menor medida que los impuestos a países asiáticos. Ante la incertidumbre sobre las reacciones futuras, lo más sensato en este contexto parece ser mantener la cautela y esperar.
Desde la perspectiva de la política petrolera y de empresas como Petrobras, Ecopetrol, YPF o Pemex, la caída en las cotizaciones del crudo tiene un impacto directo: menores ingresos y rentabilidad. No todos los campos petroleros en la región operan con precios por encima del punto de equilibrio (break-even), el cual suele ubicarse por encima de los 60 dólares por barril.
Como resultado, algunos campos deberán cerrar operaciones. En términos generales, los yacimientos costa afuera de Brasil son altamente eficientes, al igual que la mayoría de los campos en Colombia. Desconozco cuál es el punto de equilibrio de YPF, pero en el caso de México, es probable que la situación tenga consecuencias relevantes. En definitiva, la política energética deberá ajustarse campo por campo, de acuerdo con los niveles de eficiencia específicos.
3. Colombia ha dependido históricamente de las exportaciones de petróleo. ¿Cuál es su visión sobre el futuro de la industria petrolera colombiana en este contexto de volatilidad global?
Colombia enfrenta actualmente una amenaza considerable para su industria petrolera, incluso más grave que las derivadas de la política arancelaria estadounidense: se trata del gobierno de Gustavo Petro. La industria está siendo debilitada por la ausencia de licencias de exploración y por la falta de permisos para desarrollar importantes descubrimientos costa afuera, como los bloques Gorgon y Purple Angel, ubicados en el sur del Caribe, así como otros campos cercanos a la frontera con Panamá. La exploración del campo Komodo-1, en alianza con Anadarko, fue suspendida, y aún está por verse si se avanza con la agilidad necesaria en el desarrollo del campo Sirius, en cooperación con Petrobras.
En el territorio continental, las señales tampoco resultan alentadoras. La dirección de la autoridad nacional de licencias ambientales ha sido asumida por una figura que anteriormente, desde el Ministerio de Minas y Energía, mostró una postura marcadamente adversa a la industria petrolera. A ello se suma un nuevo liderazgo en el Departamento Nacional de Planeación que responde a la misma línea ideológica. Esta configuración refleja una lógica de política personalista, en la que las decisiones institucionales se subordinan a convicciones individuales. Mientras este tipo de perfil permanezca al frente de los organismos clave —y el Ejecutivo mantenga su escepticismo frente al papel del petróleo en el desarrollo nacional—, el impacto negativo sobre el sector energético será más profundo que el derivado de cualquier medida arancelaria externa.
Además de este entorno político hostil, la industria enfrenta una caída en los precios internacionales del crudo, el aumento de aranceles por parte de Estados Unidos y distorsiones en los mercados del acero, un insumo esencial para las operaciones de perforación. Todo esto configura un escenario de alta vulnerabilidad para el sector petrolero colombiano.
4. ¿Qué medidas recomienda para diversificar la economía colombiana y reducir la dependencia del petróleo?
Colombia ha venido aplicando desde hace algún tiempo medidas que favorecen la diversificación económica. Una de las más relevantes ha sido el mantenimiento de una tasa de cambio subvaluada, lo cual ha funcionado como un poderoso estímulo a las exportaciones: permite obtener más pesos por cada dólar, lo que reduce el valor relativo de los salarios y los costos en dólares, incrementando así la rentabilidad exportadora. Como resultado, las exportaciones de bienes no tradicionales —excluyendo café, petróleo y carbón— alcanzan actualmente los 25 mil millones de dólares anuales, lo que evidencia un proceso de diversificación en curso.
Adicionalmente, el país experimenta un notable auge turístico: cerca de seis millones de visitantes al año generan ingresos cercanos a los 6 mil millones de dólares. A ello se suman las remesas, que, si bien no representan una fuente de diversificación productiva, constituyen un ingreso significativo en divisas. Estas superan los 12 mil millones de dólares anuales y se han convertido en el segundo renglón de ingreso externo después del petróleo. En conjunto, estos factores fortalecen la economía colombiana, reduciendo gradualmente su dependencia de los hidrocarburos y abriendo espacio para nuevas fuentes de crecimiento.
5. ¿Cómo pueden los países latinoamericanos colaborar entre sí para enfrentar los desafíos impuestos por las políticas de Estados Unidos y otros actores globales?
Se ha hablado con insistencia sobre la necesidad de una mayor integración entre los países latinoamericanos para enfrentar desafíos comunes. Sin embargo, más que una propuesta viable, esta idea suele responder a un deseo político que no se corresponde con la realidad práctica.
América Latina enfrenta enormes obstáculos geográficos que dificultan el comercio intrarregional. El primero es la selva amazónica, un accidente natural de proporciones colosales que separa la costa este de la oeste del continente. Su carácter prácticamente infranqueable impide la construcción de infraestructura terrestre como carreteras o trenes. Transportar bienes desde Colombia, Perú, Chile o Ecuador hacia Brasil, Argentina o Uruguay requiere rutas marítimas costosas y prolongadas, ya sea por el Canal de Panamá o el Estrecho de Magallanes. De hecho, resulta más fácil y económico exportar hacia el norte —Estados Unidos o Europa— que hacia otras regiones del propio continente. El segundo obstáculo es la Cordillera de los Andes, que encarece aún más los costos logísticos. A esto se suma la dimensión continental de Sudamérica, comparable a la de África: las distancias entre países como Colombia y Chile o Perú hacen que el comercio regional pierda competitividad frente a alternativas transoceánicas.
Finalmente, hay una limitación estructural: el tamaño de las economías. Mercados como Perú, Ecuador o Chile no ofrecen una demanda suficiente para justificar, por sí solos, economías de escala. Los altos costos de transporte, logística y operación portuaria agravan esta situación. En consecuencia, aunque la narrativa de la integración latinoamericana resurge cada vez que se deterioran las relaciones con Estados Unidos, en la práctica se trata de una aspiración más simbólica que realizable.
6. Considerando la situación política y económica de Venezuela, ¿cómo percibe usted el impacto de la crisis venezolana en el mercado petrolero global? ¿Qué oportunidades o desafíos plantea para los países de la región, en particular Colombia?
Venezuela produce actualmente alrededor de dos millones de barriles diarios menos de lo que podría generar si operara a su capacidad plena. Esta disminución en la oferta global beneficia directamente a países como Irán, Rusia y, en menor medida, China. Particularmente a Rusia e Irán —ambos exportadores netos de crudo— les resulta conveniente la ausencia de Venezuela en el mercado, ya que contribuye a restringir la oferta internacional y, con ello, a elevar los precios. De forma involuntaria, Venezuela termina favoreciendo los intereses de esos países, mientras que su propia población asume los costos de una crisis estructural que ha reducido drásticamente la actividad económica y las capacidades productivas del país.
Desde la perspectiva colombiana, el deterioro económico venezolano representa una pérdida significativa. En condiciones normales, Venezuela sería su socio comercial más importante en la región. La contracción de la economía venezolana y su limitada capacidad de demanda afectan de manera directa las posibilidades de intercambio y crecimiento para Colombia.
7. Sobre las políticas “anti explotación de petróleo” del presidente Petro, ¿cómo ve usted una posible activación de la exploración en busca de yacimientos de gas en el territorio colombiano?
El actual gobierno ha dejado claro que no impulsará el desarrollo del fracking. Sin embargo, en un próximo ciclo de gobierno —si Colombia logra superar este periodo— será indispensable reactivar esta técnica de extracción. Durante la administración anterior, el debate en torno al fracking fue complejo y poco claro, aunque Ecopetrol ya se encontraba lista para iniciar perforaciones piloto.
El fracking presenta una ventaja clave: si los resultados demuestran viabilidad económica, puede comenzar a aportar gas en un plazo relativamente corto —entre uno y un año y medio—. Además, este gas estaría localizado en el centro del país, una zona con infraestructura existente de transporte y distribución, lo que facilitaría su llegada a hogares y empresas.
La energía es un insumo esencial para el desarrollo. Sin ella, ningún país puede sostener una economía moderna, como lo ha demostrado el caso de México. Y sin la explotación de reservas de gas no convencional, resultará muy difícil garantizar una energía asequible. Colombia necesita generar excedentes de gas, y hoy esa posibilidad está siendo bloqueada. Por tanto, la reactivación del fracking, especialmente en el interior del país, tendría un impacto decisivo en el crecimiento económico de largo plazo.
8. ¿Cómo vería usted el impulso de una posible alianza comercial entre una empresa colombiana y una venezolana para una eventual alianza exploratoria en la frontera común en busca de petróleo o gas?
En el contexto venezolano, la única empresa con operaciones significativas en el sector petrolero es PDVSA. Si bien podrían existir firmas privadas, no se dispone de información pública clara sobre su tamaño o capacidad operativa. En contraste, Colombia cuenta con diversas compañías de capital extranjero y algunas más pequeñas de origen nacional, siendo Ecopetrol la principal empresa del sector. Una alianza general entre Ecopetrol y PDVSA no parece una opción recomendable, ni bajo el gobierno actual ni en el próximo. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de establecer colaboraciones puntuales. Si en algún momento se reactiva la exploración y producción en Venezuela, y PDVSA plantea asociaciones estratégicas en campos específicos, podrían abrirse oportunidades de cooperación.
Este tipo de joint ventures son prácticas comunes en la industria global, y PDVSA ya las ha establecido con otras compañías internacionales. En ese escenario, Ecopetrol podría encontrar espacios concretos de participación con alto potencial productivo.
Las opiniones expresadas por el Dr. Echeverry son de su autoría y responsabilidad y no reflejan necesariamente la postura o posición de la empresa.
