Los estados Carabobo, Falcón, Zulia y Anzoátegui han sido los más afectados por los derrames petroleros provenientes de plantas y refinerías que incumplen las políticas, protocolos y criterios de seguridad, higiene y ambiente en todo el ciclo de las operaciones que debe realizar Pdvsa.
Todos estos accidentes operacionales indican que no se asegura la gestión proactiva del riesgo en toda la cadena de valor, con el objeto de prevenir cualquier posible impacto en el medioambiente venezolano.
De acuerdo con el Observatorio de Ecología Política (OEP), el biólogo Marino Eduardo Klein y los delegados de la Asociación Civil Gente del Petróleo (GdelP): en el año 2023 se produjeron 36 derrames de petróleo, y desde enero del 2024 hasta el presente han ocurrido 19.
Iniciando el año, el 14 de enero, se produjo un derrame que afectó el Golfete de Coro en el estado Falcón. El 30 de enero residentes de la zona rural del municipio Simón Bolívar, ubicado al norte del estado Anzoátegui, describieron una fuga de petróleo en la tubería de 30 pulgadas que transporta el crudo desde San Tomé, en el municipio Freites, hasta la refinería de Puerto La Cruz.
A mediados de abril autoridades oficiales cerraron varias playas de Lecherías, en el estado Anzoátegui, porque mostraban amplias trazas de crudo. En las proximidades del mes de mayo en la parroquia El Pao de Barcelona, en el municipio Francisco de Miranda, al sur de Anzoátegui, fue necesario una parada en la planta de agua potable, debido a un derrame de petróleo en el parcelamiento San Ramón.
De igual forma, el 3 de julio la biodiversidad del lago de Maracaibo se vio afectada por los derrames petroleros que al día de hoy han dejado su huella contaminante. Allí el daño al ecosistema es de grandes magnitudes, sobre todo en los municipios Cabimas y Ciudad Ojeda.
El derrame de hidrocarburos del pasado 18 de agosto proveniente de la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo, hasta el presente ha impactado las zonas costeras de Carabobo y Falcón incluyendo unos 35 kilómetros desde Palma Sola, en el municipio Juan José Mora, de Puerto Cabello y hasta Boca de Aroa, en el municipio José Laurencio Silva, afectando los cayos foráneos del Parque Nacional Morrocoy.
Estos incidentes han tenido un impacto significativo en el medio ambiente y en las comunidades locales, porque destruyen la biosfera, ecosistemas, las actividades turísticas y minimizan el trabajo de los pescadores artesanales de esas zonas.
Aparte de la crisis ambiental del país por los derrames petroleros, también se han presentado incidentes con las explosiones de poliductos, gasoductos, tuberías y bombonas de gas de uso doméstico que han dejado un saldo lamentable de fallecidos, pérdidas materiales y afectación de infraestructuras. Resaltan las ocurridas en una tubería de gas ubicada en la carretera vieja Cantaura-Anaco, estado Anzoátegui, el pasado 17 de julio. De la misma forma, sucedieron explosiones de cilindros de gas doméstico en el Municipio Piar, del estado Monagas y en la parroquia Petare; del Municipio Sucre, estado Miranda con un saldo lamentable de víctimas.
Dado los hechos es deber del gobierno venezolano y de Pdvsa cumplir e implantar políticas y normas en las actividades de la industria petrolera que preserven la integridad de las personas y eviten daños al entorno y al medioambiente.
De producirse el cambio democrático en Venezuela: la nueva industria de los hidrocarburos líquidos deberá gestionar proactivamente el riesgo en todas las actividades industriales, evitar cualquier daño a las personas y al entorno, en particular a la prevención de los accidentes mayores a través de una adecuada gestión de la seguridad de los procesos y haciendo mantenimiento preventivo y correctivo a las infraestructuras.
Finalmente, informar con transparencia acerca del desarrollo de las actividades, logros y alcances para disipar la incertidumbre que afecta la vida del venezolano.
