La transformación que vive Venezuela desde la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos a finales de enero de 2026 no se mide únicamente en cifras de producción o en expectativas de inversión. Se mide, sobre todo, en el impacto sobre los pueblos que han vivido por décadas al ritmo del petróleo y que hoy enfrentan un cambio acelerado tras años de deterioro. La apertura, combinada con el nuevo esquema de licencias de Estados Unidos, ha reactivado operaciones y permitido que la producción nacional vuelva a superar el millón de barriles diarios, impulsada principalmente por el repunte en la Faja Petrolífera del Orinoco. Ese dato —verificable y discreto— es apenas la superficie de un proceso que ya está redefiniendo la vida social y económica en las zonas petroleras.
Durante los años de mayor colapso, ciudades como Ciudad Ojeda, Cabimas, Lagunillas, Maturín, San Tomé o El Tigre vivieron una contracción que afectó empleo, servicios, movilidad y convivencia. El abandono industrial dejó calles vacías, talleres cerrados, escuelas sin mantenimiento y sistemas de salud sin insumos. La llegada de nuevos capitales y operadores privados no ha revertido por completo ese retroceso, pero sí ha introducido movimientos que las comunidades perciben de inmediato: más vehículos de contratistas circulando, más demanda por alojamiento y comida, más actividad en comercios que llevaban años con baja actividad, y el retorno puntual de servicios petroleros especializados que alguna vez fueron el corazón económico de esos pueblos.
La reapertura del sector no produce un “boom” homogéneo; lo que genera es un reacomodo gradual, con avances y tensiones. El empleo es el cambio más visible, pero también el más desigual. Se abren oportunidades en perforación, mantenimiento, transporte y servicios, pero la contratación no se parece a la de los viejos tiempos de PDVSA. Ahora predominan esquemas rotativos, tercerizados y más competitivos, donde muchos trabajadores locales deben adaptarse a estándares operativos que habían desaparecido o que nunca llegaron a experimentar. Las empresas que regresan o se instalan por primera vez traen personal propio —en especial para tareas críticas—, y eso provoca sentimientos encontrados: esperanza por la reactivación y preocupación por quedar rezagados en su propio territorio.
A esto se suma un fenómeno histórico que reaparece con fuerza: la presión sobre los servicios públicos. El aumento de actividad petrolera no viene acompañado, al menos todavía, de mejoras directas en agua, electricidad, transporte, vialidad o salud. En zonas como la Costa Oriental del Lago o el Eje San Tomé–El Tigre, el incremento poblacional indirecto —técnicos temporales, contratistas y comercios renacientes— tensiona sistemas ya frágiles. Las comunidades sienten que la economía se mueve más rápido de lo que las instituciones locales pueden sostener.
El comercio, sin embargo, ofrece uno de los signos más claros de recuperación. Bodegones, pequeños restaurantes, ferreterías, panaderías e incluso talleres mecánicos muestran mayor circulación de dólares y mayor flujo de clientes. Las viviendas que permanecían abandonadas vuelven a alquilarse a personal petrolero, lo que genera ingresos pero también encarece el acceso a vivienda para los habitantes tradicionales. El efecto es similar al de otros ciclos extractivos en la historia venezolana: una revitalización que no siempre distribuye beneficios equitativamente.
La dimensión ambiental es otro elemento central. En la Faja del Orinoco, donde predomina el crudo extrapesado, el incremento de operaciones exige más diluyente, más movilización por carretera y más intervención sobre el subsuelo. Aunque la actividad está creciendo, la institucionalidad ambiental sigue debilitada, lo que incrementa la percepción de riesgo en las comunidades cercanas a ríos y zonas agrícolas. No hay grandes incidentes reportados recientemente, pero la memoria colectiva de derrames y remoción de suelos genera inquietud ante cualquier reactivación acelerada.
A nivel social, la apertura también está reconfigurando aspiraciones y tensiones internas. Muchos jóvenes que habían perdido la esperanza de trabajar en la industria vuelven a verla como una opción viable. Otros, en cambio, desconfían del nuevo modelo porque no garantiza estabilidad ni salarios equiparables a los del pasado. La nostalgia por la PDVSA que sostenía clubes, escuelas técnicas e infraestructura convive con la expectativa de una industria más moderna, más exigente y más conectada con estándares internacionales. En varios pueblos petroleros, lo que se ve no es euforia, sino una prudente expectativa.
La clave del futuro inmediato está en si la reactivación petrolera será capaz de traducirse en mejoras duraderas para estas comunidades o si, como en otros períodos históricos, la renta volverá a concentrarse lejos de los territorios que producen la riqueza. La apertura de 2026 es, sin duda, un punto de quiebre: abre puertas, atrae capital, recupera actividad y mejora la producción nacional. Pero su éxito real dependerá de si logra reconstruir el tejido social de las zonas petroleras, que son las que más sufrieron durante el colapso y las primeras en sentir el impacto de la reactivación.
Venezuela vive el inicio de un ciclo distinto. En los pozos, en los campamentos y en las calles de sus ciudades petroleras, se siente un movimiento que no se veía desde hace años. La producción crece; la actividad vuelve. Pero el verdadero desafío —todavía pendiente— es que ese movimiento se convierta en bienestar, estabilidad y desarrollo para las comunidades que han sostenido la industria durante más de un siglo.
Si quieres profundizar más sobre este tema, te invitamos a leer la entrevista de esta semana, donde Ramón Aguilar, abogado especialista en derecho procesal y del trabajo, reflexiona sobre la coyuntura actual en Venezuela y su impacto en los derechos laborales de los trabajadores.
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