Juan Carlos Sánchez es un destacado ingeniero industrial y doctor en Ciencias Ambientales del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Con más de 35 años de experiencia, ha sido asesor técnico en el Ministerio de Energía y Minas y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, participando activamente en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto. Además, fue observador en las negociaciones del Acuerdo de París y coordinador técnico de la “Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático de Venezuela”.
Su contribución al Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) le valió el Premio Nobel de la Paz en 2007, compartido con Al Gore.
- ¿Qué debe hacerse para tener un desarrollo sustentable en Venezuela?
El desarrollo de un país es el proceso complejo que conduce a su progreso general en diferentes áreas clave que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Estos aspectos incluyen una economía que muestre un aumento persistente del ingreso nacional, empleos estables y mejores condiciones laborales; una educación de calidad, con acceso equitativo a la educación y programas que respondan a las exigencias del país; salud y bienestar con servicios médicos accesibles, nutrición adecuada y esperanza de vida elevada; disponibilidad de infraestructuras básicas y acceso a tecnología, incluyendo el acceso al agua, a la energía, telecomunicaciones, internet, etc.
El desarrollo necesita instituciones fuertes y bien capacitadas en materia de justicia, democracia, derechos humanos y lucha contra la corrupción. La idea contemporánea del desarrollo le ha añadido a todo ello el adjetivo de sustentable, que se entiende como un desarrollo en el que el progreso se equilibra con el respeto a las condiciones ambientales. Venezuela claramente ha retrocedido en casi todos los aspectos que definen al desarrollo, tanto en su concepción tradicional como en la concepción actual de sustentabilidad.
La medición del desarrollo sustentable de los países se hace mediante el cumplimiento de unos objetivos establecidos por Naciones Unidas denominados Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), que han sido traducidos en 169 metas concretas. Una evaluación realizada por la red Sinergia, que agrupa a 68 organizaciones de la sociedad civil, determinó en 2023 que Venezuela no ha logrado avances en el 68% de esas metas y para el 32% restante solo ha habido un avance limitado o no se dispone de información que permita realizar la evaluación. Solamente un gran esfuerzo nacional concertado y coordinado entre los diversos sectores públicos y privados podría lograr que Venezuela avanzara en todos esos aspectos, que equivalen al cumplimiento de los ODS, y volviese a una senda de desarrollo.
- ¿Cómo observa la calidad del ambiente en Venezuela?
La calidad del ambiente en Venezuela se encuentra en una situación preocupante debido al deterioro persistente de su matriz ambiental: aguas, aire y suelos.
Existe una grave contaminación de los cuerpos de agua por la acumulación de residuos, derrames petroleros y descargas de aguas servidas sin tratamiento.
En el sur del país, en la región de Guayana, la minería desordenada provoca una severa contaminación de los cuerpos de agua, particularmente por los vertidos de mercurio, afectando a comunidades indígenas y parques nacionales.
Paralelamente existe una crisis de bastecimiento de agua en numerosas poblaciones del país, la distribución no es continua, según un informe de la ONG PROVEA de 2022, el 73% de la población no dispone de acceso continuo al agua potable, la mayoría de las plantas potabilizadoras se encuentran inoperativas y carecen de insumos esenciales como gas cloro y sulfato de aluminio, fundamentales para el tratamiento del agua. Asimismo, se ha reportado que existen fuentes de abastecimiento que están contaminadas bacteriológicamente. El Lago de Valencia es un caso emblemático, donde la falta de acción y mantenimiento ha transformado un problema ambiental en un grave problema sanitario. El nivel del lago ha aumentado por las descargas de aguas residuales crudas, inundando áreas agrícolas y urbanas, y los sistemas de saneamiento están sumergidos. Un muro temporal construido en 2005 con una vida útil de solo 3 años sigue en uso 16 años después, con comunidades viviendo por debajo del nivel del lago y conviviendo con aguas negras desbordadas.
En los centros urbanos más grandes se percibe la contaminación del aire principalmente debido a las emisiones de los vehículos de un parque automotor mayoritariamente obsoleto. En algunas ciudades como Cumana, estas emisiones junto a la quema de basura ocasionan un deterioro evidente de la calidad del aire urbano. A pesar de estos problemas, la información oficial sobre la calidad del aire y sus consecuencias es limitada.
La mala gestión de los residuos sólidos urbanos es también un problema persistente que deteriora el paisaje y contamina cuerpos de agua.
La deforestación es otro problema importante derivado de la expansión agrícola y la explotación de productos básicos. A ello hay que añadir, más recientemente, la incidencia de la minería desordenada, desarrollos urbanísticos y la explotación intensiva de carbón vegetal. Según Global Forest Watch, entre 2001 y 2024 Venezuela perdió 2,5 millones de hectáreas de su cobertura boscosa. Solamente en 2024 se perdieron 153 mil hectáreas de bosque natural. Esta pérdida no solo afecta la calidad de los suelos y degrada las fuentes de agua, sino también la regulación climática e hidrológica, y la biodiversidad. Venezuela ha estado perdiendo sus bosques a un ritmo acelerado en comparación con otros países amazónicos, ubicándose en quinto lugar en tasas de deforestación en la Amazonía entre 2016 y 2021.
En Venezuela además persisten numerosos pasivos ambientales legados por décadas de actividades industriales públicas y privadas sin la debida prevención y control ambiental.
Resulta fundamental tener en cuenta que la preservación de la calidad del ambiente no es un fin en sí mismo pues como he mencionado, su degradación es una amenaza constante a la salud de las personas, a la biodiversidad y a los ecosistemas.
- ¿El país ha tenido un gran impacto ambiental producto de la inoperancia de la industria petrolera, industrias conexas y el fomento del llamado Arco Minero y mínimo manejo de los vertederos de basura? ¿Como evalúa la gestión ambiental al respecto?
Efectivamente, en la industria petrolera la ausencia de mantenimiento, el deterioro de la infraestructura de PDVSA y el abandono de pozos sin cumplir los protocolos técnicos en las últimas dos décadas ha estado ocasionando derrames de petróleo significativos. Las zonas más afectadas son el Lago de Maracaibo, el Parque Nacional Morrocoy y el Golfete de Coro, así como las costas de Falcón y Carabobo. No se dispone de cifras oficiales acerca de la magnitud de los derrames; si se dispone de imágenes satelitales a partir de las cuales se ha estimado, aunque de manera imprecisa, el volumen de petróleo en algunos derrames. Las manchas sobre el agua de los derrames mayores han sido de 15 a 40 Km de largo. La Academia de Ciencias Naturales estimó que entre 2020 y 2021 hubo derrames que totalizaron aproximadamente 200 mil barriles de crudo. Estos vertidos de petróleo siguen ocurriendo. Las consecuencias ambientales de los derrames son la contaminación del agua, las costas y el fondo marino y lacustre, un impacto devastador en la pesca y la fauna marina, y la degradación de ecosistemas vitales como los manglares. Las áreas de costa y orillas del Lago de Maracaibo impregnadas con el petróleo representan un pasivo ambiental importante que deberá ser evaluado y saneado. Respecto a ese problema se mantiene un contexto de opacidad oficial y ausencia de información pública. Este apagón informativo no solo impide acciones efectivas y la rendición de cuentas de los responsables, sino que también oculta la magnitud real del daño ambiental y sus impactos socioeconómicos, afectando la capacidad de las comunidades y organizaciones para actuar. La falta de transparencia y la inacción oficial en la mitigación de estos eventos reflejan una profunda falla de gobernanza ambiental.
La minería desordenada, sobre todo la minería ilegal del oro es otra de las principales causas de degradación ambiental, que además ha intensificado la ocurrencia de hechos de violencia en las minas. Esta exacerbación ciertamente surgió a raíz del establecimiento da la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) en 20163 que designó a 11 millones de hectáreas para la explotación minera, abarcando los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Según varias ONG y grupo de investigación sobre la Amazonía esta minería ha provocado la contaminación de ríos con mercurio y otras sustancias tóxicas. El uso de mercurio en la extracción de oro, aunque está prohibido por ley, es muy difícil de controlar representando un grave riesgo para las comunidades locales, especialmente las etnias indígenas, que dependen de estos cuerpos de agua. Además, se ha reportado que la minería ilegal ha incrementado la deforestación, el desvío de drenajes y la sedimentación en los cuerpos de agua. Las ONG han denunciado la falta de información oficial sobre el uso del mercurio y han urgido al Estado a tomar medidas. Sin embargo, según la ONG Clima21, la acción del Estado no solo es inexistente o ineficaz sino que ha exacerbado la degradación ambiental al legitimar y expandir la actividad extractiva en zonas de alta biodiversidad. Esta actitud oficial socava cualquier esfuerzo genuino de gestión ambiental.
La acumulación de desechos sólidos urbanos es otro problema ambiental clave y visible en el país. La Ley de Gestión Integral de la Basura, vigente desde 2010, busca reducir los desperdicios y evitar riesgos para la salud y el ambiente, prohibiendo los vertederos a cielo abierto y estableciendo un plazo de cinco años para su clausura. Sin embargo, la Ley no se cumple, y en la práctica existen graves problemas desde la primera etapa del manejo que es la recolección, la cual se estima en solo entre el 70 y 80% de los residuos generados. El Observatorio de Ecología Política estima que el 80% de los residuos recogidos se dispone en vertederos a cielo abierto, lo que genera contaminación y riesgos sanitarios. La data estadística oficial disponible que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas sobre este servicio público es muy desactualizada (la más reciente es de 2013), lo que dificulta la planificación. La quema de basura en las comunidades es una consecuencia directa de las fallas recurrentes en la recolección, causando serios problemas ambientales y de salud, como enfermedades respiratorias y alergias (ej. la ciudad de Cumaná). El porcentaje de reciclaje es bajo, apenas un 5 a 7%.
Esto contrasta drásticamente con el potencial de generación de materia prima y empleos que podría ofrecer una industria de reciclaje debidamente desarrollada. La falta de políticas claras, estadísticas oficiales y metas para incentivar el reciclaje contribuye a este bajo porcentaje. Aunque los recicladores informales desempeñan un papel de cierta significación en la recuperación de materiales, su trabajo no es reconocido formalmente y enfrentan condiciones laborales inseguras. Por otra parte, existe una despreocupación generalizada por este asunto en los ciudadanos y una falta de conciencia sobre la importancia de la segregación, reducción y reutilización de los residuos. El alto consumo de productos desechables no biodegradables también es un factor desfavorable.
Por todas estas razones, la gestión ambiental en Venezuela enfrenta críticas significativas. Una de las deficiencias más destacadas es la falta de información oficial y transparencia. Organizaciones independientes han señalado una “creciente opacidad, secretismo y censura” sobre los problemas ambientales, lo que dificulta el monitoreo y la rendición de cuentas. La ausencia de datos oficiales, especialmente en áreas críticas como los derrames petroleros, impide una evaluación precisa de la situación y la formulación de acciones de prevención y control efectivas.
Otro aspecto importante es la débil aplicación de las leyes ambientales. A pesar de la existencia de un marco legal acorde con los requerimientos del país, se observa una impunidad generalizada y la falta de responsables por los delitos ambientales. Esto se ve agravado por la ineficiencia institucional. Esta combinación de falta de transparencia y débil aplicación de la ley ha llevado a una significativa erosión del estado de derecho ambiental.
La gestión ambiental también se ve limitada por la escasez de recursos financieros y de capacidad técnica. Además, existe una falta de preocupación ambiental sistemática principalmente en las empresas del sector público, lo que se traduce en un bajo cumplimiento de las normativas ambientales.
- ¿Por otra parte, la biodiversidad y los ecosistemas de distintas partes del país, también han tenido un impacto por la misma contaminación y degradación, cómo se pudo haber evitado eso y que acciones urgentes deberían aplicarse para proteger los ecosistemas?
Las causas de la pérdida de diversidad biológica en el país son la destrucción, degradación y fragmentación de los ecosistemas debido a la deforestación y a la contaminación industrial, el uso de agroquímicos principalmente por el tipo de plaguicidas que se utiliza, la acumulación de residuos urbanos y el crecimiento urbano desordenado. La introducción de especies exóticas invasoras, el uso insostenible de la diversidad biológica (como la extracción selectiva de especies de alto valor comercial), y la introducción de organismos genéticamente modificados (OGM) también representan amenazas a la biodiversidad.
Las causas raíz de toda esta problemática se relacionan con el conocimiento insuficiente y falta de conciencia sobre la importancia de la biodiversidad, un marco legal que, aunque avanza, aún tiene instrumentos pendientes de ser desarrollados o actualizados, y la persistencia de una burocracia e ineficiencia institucional.
A pesar de estas amenazas, Venezuela ha desarrollado una Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica (ENCDB 2010-2020) y un Plan de Acción Nacional, y se han logrado algunos avances en la gestión de información a través del Sistema Venezolano de Información sobre Diversidad Biológica (SVIDB), lanzado en 2011. También se han implementado proyectos de conservación de especies amenazadas, como tortugas marinas y continentales, y caimanes, con miles de neonatos liberados.
El esquema de protección de la biodiversidad al que más recurren los países es la designación de áreas naturales protegidas. Paradójicamente en nuestro país a pesar de que casi el 50% del territorio nacional ha sido designado como área natural protegida, se observa una severa y continua pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas. Esta paradoja sugiere que la protección legal no se traduce en una protección efectiva.
Los Parques Nacionales Caura, Canaima y Yapacana están siendo particularmente impactados por la minería. El Parque Nacional Canaima, reconocido como Patrimonio Mundial de la UNESCO, ha sido objeto de informes sobre su precario estado de conservación. Aunque se ha argumentado que los límites del parque no se solapan con el Arco Minero del Orinoco, la minería sigue siendo una amenaza significativa dentro y en sus adyacencias. Según un informe de la ONG SOS Orinoco, el Parque Nacional Yapacana, probablemente uno de los de más alta biodiversidad del país, presenta una situación crítica, careciendo de infraestructura básica para la vigilancia y el control, así como de personal permanente asignado. El informe documenta la destrucción de microcuencas, la presencia de redes internacionales de contrabando de oro, y la existencia de aeropuertos clandestinos improvisados, presuntamente utilizados para ese comercio ilegal de oro.
Asimismo, según el Observatorio de Ecología Política de Venezuela, se ha observado una preocupante “flexibilización de la normativa” en parques nacionales, permitiendo actividades de alto impacto. Por ejemplo ciclismo de montaña en el Parque Nacional Waraira Repano y la expansión de pistas de aterrizaje en el Archipiélago de Los Roques, lo que compromete su integridad ecológica.
En síntesis, existen fallas críticas en fiscalización, control y capacidad de gestión de estas áreas, resulta evidente que se da prioridad a las actividades extractivas sobre la conservación ambiental. No hay una aplicación efectiva de la ley ni un control real sobre las actividades económicas destructivas dentro y fuera de las áreas protegidas. La preservación de los ecosistemas debe comenzar precisamente por aquí, por la aplicación de la Ley.
- ¿Cómo se puede educar y concienciar a las personas respecto a la preservación del ambiente?
En el contexto actual de debilidad de la gestión ambiental del Estado, las ONG y la sociedad civil han emergido como actores cruciales en la denuncia, el monitoreo y la búsqueda de soluciones ante la crisis ambiental. Ejemplos de su activismo incluyen organizaciones como PROVITA, que trabaja en la evaluación de ecosistemas, educación ambiental y conservación de especies amenazadas.
Otras ONG se enfocan en la recuperación de espacios públicos, protección de la biodiversidad, el desarrollo sustentable, las áreas protegidas, la gestión de residuos sólidos y el agua. Asimismo, ha habido iniciativas de conservación de especies en peligro de extinción y de combate de organismos invasores. Sin embargo, estas ONG no pueden asumir las responsabilidades del Estado, y además enfrentan desafíos significativos, como la falta de financiación que limita su capacidad de acción.
La Constitución venezolana promueve la participación ciudadana en los problemas ambientales. Además, se reconoce que la gestión ambiental debe incluir a la sociedad, reconociendo principios de justicia social y calidad de vida. La educación ambiental es considerada crucial para fomentar una cultura ambiental y la corresponsabilidad ciudadana en el manejo de residuos. A pesar de estos principios, la opacidad estatal limita severamente la participación efectiva de la sociedad. La razón de esta opacidad radica en que el Estado venezolano desempeña un doble papel en la gestión ambiental: es el regulador y, al mismo tiempo, un perpetrador. A través de sus ministerios e institutos ambientales designados (Ministerio del Ecosocialismo, INPARQUES), el Estado está legalmente obligado a proteger el ambiente. Sin embargo, las empresas estatales (como PDVSA) son identificadas como importantes contaminadores, y las políticas estatales (como la del Arco Minero del Orinoco) promueven activamente actividades ambientalmente dañinas. Esto crea un conflicto de intereses profundo que socava cualquier esfuerzo genuino de gobernanza ambiental. El papel del Estado pasa de ser un protector y garante de la ley ambiental a ser un contribuyente significativo e incluso facilitador de la degradación ambiental. Esta contradicción interna hace que una gestión ambiental efectiva y coherente sea prácticamente imposible sin cambios fundamentales en la política estatal, en los mecanismos de rendición de cuentas y una clara separación de las funciones reguladoras y extractivas. La sociedad civil intenta actuar como un contrapeso crítico pero se encuentra en una situación vulnerable. Las ONG han tratado de llenar vacíos críticos en el monitoreo, la denuncia, la defensa y las acciones directas de conservación, lo cual pone de manifiesto la existencia de un vacío de gobernanza. Pero su capacidad general para la protección ambiental es bastante limitada. Por lo tanto, la preservación del ambiente requiere por un lado que el Estado asuma sus responsabilidades y, por otro, el apoyar y proteger a esas organizaciones que representan un componente crucial para cualquier posible recuperación ambiental futura.
- ¿En su opinión: hacen faltas más leyes ambientales o por el contrario que las mayorías sean conscientes de la importancia de conservar el medio ambiente?
Creo que la reglamentación ambiental vigente es suficiente para atender los múltiples problemas ambientales que estamos confrontando. Si contrastamos el estado actual del ambiente y los riesgos a que están expuestos los ecosistemas con los requerimientos de las leyes ambientales vigentes, podemos definir claramente las brechas de incumplimiento que es necesario cerrar para lograr tener un ambiente sano. Lo que más hace falta para cerrar esas brechas que son más o menos bien conocidas, comenzando por tener una institucionalidad suficientemente capacitada y dotada de los recursos necesarios para atender los problemas.
No obstante, si el país se propone reimpulsar su economía apoyándose en impulsar las exportaciones de combustibles, productos petroquímicos, acero, hierro, aluminio, cemento, y diversos rubros agrícolas, deberá necesariamente cumplir con las crecientes exigencias ambientales que existen o que están surgiendo en los mercados. Un ejemplo de esto es el Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono de la Unión Europea, que entrará en vigor en 2026 y que exige que sus importaciones de acero, aluminio, fertilizantes y otros sean productos descarbonizados, es decir, manufacturados con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es algo que tendríamos que aprender a hacer, y para ello se requiere una actualización de la regulación. Es en este sentido que nuestras leyes ambientales son obsoletas, y requerirán una profunda adecuación. Lo mismo puede decirse si se aspira a ofrecer un turismo sustentable, que necesariamente tendrá que ser más respetuoso del ambiente que el que hoy tenemos para poder ser certificado internacionalmente como tal.
- ¿Cómo calificaría la gestión ambiental en Venezuela?
La gestión ambiental de los últimos años en Venezuela se caracteriza por una profunda y alarmante disonancia entre un marco legal diseñado para equilibrar el desarrollo económico y social con la preservación del ambiente y una implementación práctica de las leyes severamente comprometida. Los problemas ambientales más apremiantes, como los derrames petroleros masivos, la minería ilegal descontrolada, la deforestación y la deficiente gestión de residuos sólidos, no solo persisten, sino que se han agravado de manera crítica.
Estos son retos que no deben entenderse como meros problemas ecológicos aislados; están intrínsecamente ligados y exacerbados por la profunda crisis socioeconómica y el colapso institucional que ha debilitado la capacidad del Estado para monitorear, regular y hacer cumplir sus propias leyes ambientales. Sin duda la profunda crisis económica, evidenciada por la drástica caída en la producción petrolera, ha tenido un impacto directo y devastador en la capacidad del Estado para gestionar el ambiente. La falta de financiación es una limitación crítica para la gestión ambiental en general. Particularmente las organizaciones civiles que protegen el medio ambiente se ven gravemente afectadas por esta escasez de recursos, pero la recuperación ambiental recae principalmente en el gobierno, la reforestación, por ejemplo, es una actividad costosa para ser desarrollada por una ONG. La “asignación austera de recursos” en el presupuesto anual destinado al ambiente es una barrera estructural para cualquier iniciativa de mejora. Pero además existe una opacidad gubernamental y una sistemática falta de acceso a información oficial que impiden una evaluación precisa de la situación y la debida rendición de cuentas.
- ¿En manos de quienes debería estar la gestión ambiental?
El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), antes Ministerio del Ambiente, es el ente rector de la política ambiental en Venezuela. Sus amplias funciones abarcan la gestión de la calidad ambiental, la gestión territorial del ambiente, el manejo de desechos y residuos, y la conservación de la diversidad biológica.
El Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) es el organismo encargado de la administración, conservación y vigilancia de los parques nacionales y monumentos naturales del país. Históricamente, la Ley Orgánica del Ambiente de 1976 ya delineaba las responsabilidades en la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, incluyendo la ordenación territorial, el control de factores degradantes, el fomento de la conciencia ambiental, la promoción de la investigación y la participación ciudadana.
El fortalecimiento de ambas instituciones es fundamental para el restablecimiento de una gestión ambiental coherente y exitosa en el país.
- ¿Para usted cuáles son los problemas más urgentes y de qué forma se pueden remediar?
El desafío más crítico y transversal para la gestión ambiental en Venezuela es la reinstitucionalización ambiental del país. Esto implica no solo la restauración de la capacidad técnica y operativa de las instituciones ambientales, sino también la garantía de la transparencia, el acceso a la información pública y el combate frontal a la impunidad.
Es imperativo corregir la primacía de los intereses económicos a corto plazo sobre el resguardo de los recursos naturales y de la calidad ambiental. Este es un reto difícil, si se tiene en cuenta la urgencia del país en revertir su exacerbada crisis económica.
Las acciones que considero más relevantes a emprender para abordar la compleja crisis ambiental en Venezuela son:
El fortalecimiento de las instituciones y la transparencia: es indispensable recuperar y fortalecer las capacidades del MINEC e INPARQUES, asignando presupuestos adecuados, atrayendo y reteniendo personal calificado, y modernizando sus operaciones. Garantizar la transparencia y el acceso a la información ambiental de manera proactiva, publicando datos, informes y estudios de impacto ambiental de forma regular, accesible y en formatos abiertos.
Investigar y sancionar los delitos ambientales con celeridad, imparcialidad y sin impunidad, estableciendo un sistema judicial ambiental robusto.
Se deben reorientar las políticas económicas y extractivas: derogar el decreto del Arco Minero del Orinoco y establecer un plan de cierre y rehabilitación ambiental para las áreas afectadas por la minería ilegal. La minería debería restringirse solamente a aquellos espacios donde los estudios de prospección geológica determinen que existen yacimientos importantes cuya explotación sea de interés económico o social para la nación. Haber destinado 11 millones de hectáreas como susceptibles de ser explotadas, donde solo una mínima parte fue objeto de prospección es un exabrupto inadmisible. Mas aun cuando se trata de las áreas de mayor biodiversidad del país.
Es necesario diversificar la economía para reducir la dependencia de la extracción de recursos naturales, especialmente en ecosistemas sensibles. El país posee un extraordinario potencial de diversificación económica. Priorizar la atracción de inversiones en el mantenimiento y modernización de la infraestructura petrolera debe servir no solo para incrementar la producción sino también para prevenir derrames y fugas, y garantizar la rendición de cuentas de las actividades petroleras.
En cuanto a la gestión integral de los residuos sólidos y los recursos hídricos: se debe diseñar y ejecutar un plan nacional de saneamiento que incluya la clausura de los vertederos a cielo abierto y el desarrollo de sistemas de gestión integral de residuos sólidos basados en la economía circular (reducir, reusar y reciclar los residuos). Priorizar las inversiones para la recuperación de la infraestructura hídrica, garantizando el acceso a agua potable segura y saneamiento para toda la población. Desarrollar un proyecto de corto, mediano y largo plazo para recuperar la cuenca del Lago de Maracaibo. Al respecto los documentos compilados por la Asociación para la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (ACLAMA) y la Universidad del Zulia ofrecen una orientación valiosa. Implementar el saneamiento de la cuenca del Lago de Valencia. Para ello, debería consultarse la Hoja de Ruta elaborada por el Grupo Orinoco. Desarrollar planes de reforestación a gran escala, con énfasis en las cuencas hidrográficas y áreas protegidas afectadas, promoviendo la participación comunitaria.
Asimismo, promover la participación ciudadana y el rol de la sociedad civil: proteger y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores ambientales, fomentar la educación ambiental a todos los niveles para promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana en la protección del ambiente.
Garantizar la implementación plena del Acuerdo de Escazú para fortalecer el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental.
Además, asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales: alinear las políticas internas con los compromisos en materia ambiental, particularmente en lo relativo a la Convención de Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, presentando informes transparentes y verificables sobre el progreso y los retos. Participar activamente con los organismos internacionales y países vecinos para abordar los problemas transfronterizos como la contaminación de ríos y la deforestación en la Amazonía.
Estas recomendaciones buscan sentar las bases para una gestión ambiental más efectiva en Venezuela, reconociendo que la recuperación del patrimonio natural del país es inseparable de la restauración de su institucionalidad democrática y su estabilidad socioeconómica.
- ¿Usted considera que Venezuela contribuye con el calentamiento global?
La contribución de Venezuela al problema del cambio climático es baja en comparación con la de los países industrializados debido a que sus emisiones de gases de efecto invernadero son menores. No obstante este es un problema relevante debido a varios factores. Entre ellos están las emisiones de metano relacionadas con la actividad petrolera: Venezuela es el quinto mayor emisor mundial de metano relacionado con la producción de petróleo y el gas, el metano es un gas de efecto invernadero con un poder de calentamiento mucho mayor que el CO2. Este es un problema técnico que puede ser resuelto. Asimismo, habría que tener en cuenta la dependencia histórica del petróleo, Venezuela económicamente ha dependido en gran medida de la exportación de petróleo, y aunque la producción ha disminuido en los últimos años, el sector petrolero sigue siendo una fuente significativa de emisiones. Se considera que una de las opciones más inmediatas para mejorar la economía del país es el aumento de la producción petrolera, pero esto podría incrementar significativamente las emisiones. Es entonces todo un reto poder incrementar la actividad petrolera sin necesariamente aumentar las emisiones.
Habría que mencionar también el problema de la deforestación. La degradación de los bosques reduce la absorción del CO2 de la atmósfera y, como se mencionó antes, se ha registrado una pérdida considerable de bosques en los últimos años, Por último, está la falta de políticas ambientales sólidas. A pesar de que Venezuela firmó el Acuerdo de París, no se han implementado políticas climáticas efectivas.
Carecemos de una Ley de Cambio Climático. La disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años se debe más al colapso de las actividades industriales que a la aplicación de políticas ambientales concretas.
Habría que destacar también que Venezuela es vulnerable a los efectos del cambio climático, como sequías prolongadas, inundaciones y deslizamientos de terrenos. Esto agrava la ya compleja situación socioeconómica y puede provocar un aumento de los desplazamientos internos y la migración. El Grupo Orinoco ha elaborado documentos orientadores acerca de cómo debería ser la política nacional de cambio climático.
- ¿Muchos creen que el cambio climático y el calentamiento global es un invento de grupos de poder, qué opina acerca de este tópico?
Creo que el negacionismo del cambio climático es un movimiento que busca retrasar o impedir la acción colectiva para abordar el problema del cambio climático, protegiendo así intereses económicos y políticos arraigados en el modelo de producción y consumo dependiente de los combustibles fósiles. No se trata de un escepticismo científico legítimo, sino de una estrategia de desinformación organizada y financiada. El objetivo principal del negacionismo es salvaguardar las ganancias de la industria de los combustibles fósiles y otros sectores conexos, cuyas operaciones se verían afectadas por una transición hacia una economía baja en carbono. Esto implica oponerse a regulaciones, impuestos al carbono y subsidios a las energías renovables. Su forma de actuar es creando la falsa impresión de que no existe un consenso científico con el fin de paralizar el debate público y disminuir la presión ciudadana sobre los líderes políticos para que actúen en materia climática.
Contrarrestar el negacionismo no consiste en ganar una discusión con argumentos científicos complejos, sino de abordar sus causas y manifestaciones. Por ejemplo, destacando que más del 99% de los científicos del clima en todo el mundo coinciden en que el cambio climático es real, está ocurriendo a un ritmo sin precedentes y es causado principalmente por la actividad humana, hablando sobre cómo el cambio climático afecta la producción de plátanos en el Zulia, del café en los Andes, la disponibilidad de agua en Caracas o la producción hidroeléctrica del embalse de Guri, y asimismo, sacar a la luz quién financia las campañas de desinformación. Al seguir de donde viene el dinero, se revela que el negacionismo es una campaña de relaciones públicas, no un debate científico. También es útil centrarse en la viabilidad y los beneficios de las soluciones, hablar de la creación de empleos en los sectores de energías renovables, eficiencia energética e infraestructura sostenible, resaltar que la transición energética reduce la contaminación del aire, disminuyendo las enfermedades respiratorias, y destacar que luchar contra el cambio climático es una forma de construir comunidades más seguras y resilientes ante eventos climáticos extremos.
- ¿Es factible instaurar una educación ambiental continua a través de las instituciones educativas, medios de comunicación, redes sociales y gobierno?
La educación ambiental en el país se ha erosionado arrastrada por el proceso generalizado de erosión de todo el sector educativo. Sin embargo, en mi opinión los recursos humanos capacitados remanentes en la Universidades y ONG siguen siendo importantes, aunque no suficientes. Sin duda será muy necesario invertir en educación ambiental tanto formal como informal para llenar los vacíos existentes, pero este es solo uno de los aspectos a solventar de un problema más amplio que es la institucionalidad ambiental. Al respecto el Grupo Orinoco hizo un análisis en el que destaca como elementos necesarios: la descentralización de la gestión ambiental al nivel estatal, municipal, y local-comunal, la actualización de la normativa ambiental, el establecimiento de “impunidad cero” en el cumplimiento de las reglamentaciones ambientales, la efectividad de la fiscalía y justicia ambiental, la continuidad administrativa de los organismos de gestión, la relevancia e importancia de la gestión ambiental urbana y, no menos importante, el restablecimiento de la educación ambiental.
- ¿En décadas pasadas Venezuela fue un referente para el mundo en la gestión ambiental, dejó de serlo? ¿Ahora qué países son referentes en este aspecto?
La gestión ambiental de los países está muy vinculada al tipo de desarrollo al cual aspira cada país. En el pasado, cuando las leyes ambientales comenzaron a surgir, Venezuela fue el país que dio los primeros pasos en Latinoamérica y ello le hizo un referente. En la actualidad, esas leyes y los esquemas de gestión ambientales inducidos han evolucionado acordes con las perspectivas de cada país. Lamentablemente el impulso que traía Venezuela se estancó junto con el estancamiento y el retroceso del desarrollo del país. No obstante, esta desafortunada situación tiene un lado interesante, cuando el país se enrumbe en una nueva senda de desarrollo, seguramente podrá aprender mucho de las experiencias de otros países en materia de gestión ambiental en diversos temas, lo cual debería permitirle ponerse al día rápidamente. Por ejemplo, son notables los esfuerzos de protección de la biodiversidad de Costa Rica y Colombia, los avances en gestión de residuos sólidos de Chile, los esfuerzos de Brasil y Colombia para reducir la desforestación amazónica, etc.
- ¿Según su criterio qué medidas debe tomar la industria petrolera para minimizar su impacto al medio ambiente?
Refiriéndome a Venezuela, recordemos que en el pasado PDVSA logró tener un desempeño ambiental bastante aceptable, y ello fue posible gracias a que la empresa estableció una política ambiental interna de obligatorio cumplimiento, implantó un sistema de gestión ambiental, contó con un personal profesional y técnico encargado de esa gestión con una alta capacitación, e implantó planes de contingencia contra derrames de hidrocarburos y de productos de hidrocarburos. Como quiera que se desee continuar las actividades de explotación petrolera en adelante, sea pública o privada, esta deberá contar con todos esos elementos.
Sin embargo, las leyes ambientales evolucionan en función de los avances científicos y tecnológicos, los cambios sociales y políticos y la conciencia ambiental creciente acerca de la crisis ambiental. Por ejemplo, actualmente se comprende mejor cómo funcionan los ecosistemas y cómo reaccionan ante la contaminación, se requieren más esfuerzos para enfrentar problemas como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, se han desarrollado nuevas tecnologías que hacen que algunos procesos productivos impacten menos al ambiente, surgen lecciones de la aplicación de las leyes vigentes, etc. Estos y otros factores hacen que las leyes ambientales evolucionen y, en consecuencia, la gestión ambiental de las empresas debe adaptarse.
Actualmente las empresas petroleras son señaladas por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ello está impulsando iniciativas en muchas empresas que buscan reducir tales emisiones, bien sea mediante el reforzamiento de la eficiencia energética de sus procesos, el uso de fuentes renovables de energía, la compensación de las emisiones mediante proyectos forestales, o recurrir a proyectos de captación y almacenamiento subterráneo de las emisiones de CO2.
Venezuela tendrá que seguir este camino si desea reimpulsar su actividad petrolera. El potencial que tiene para hacerlo es significativo. En efecto, en Venezuela existen miles de pozos petroleros abandonados y yacimientos petrolíferos agotados, cuyas características geológicas han sido ampliamente estudiadas, a lo largo de alrededor de un siglo de actividad petrolera, que eventualmente podrían reunir las características necesarias para el almacenamiento subterráneo permanente no solo de las emisiones de CO2 de la industria petrolera, sino también las de otras industrias como la siderúrgica, petroquímica, termoeléctricas y de cemento.
De esta forma, Venezuela podría darles un uso a esos espacios subterráneos de los yacimientos abandonados y a su infraestructura conexa (dependiendo del estado en que esta se encuentre) para la descarbonización de sus industrias. Se avanzaría así en el logro simultáneo de dos objetivos: por una parte el cumplimiento del compromiso suscrito por el país con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y por otra la alineación de sus industrias con la descarbonización, que es un factor que le aportaría competitividad a la exportación de sus manufacturas por ser esta una exigencia que comienza a surgir en los mercados.
