La escasez de gas doméstico en Venezuela es una de las expresiones más dramáticas del colapso energético del país. En una nación que cuenta con la sexta reserva mundial de gas natural y la primera de Latinoamérica, es paradójico y doloroso que millones de familias cocinen con leña o esperen semanas —a veces meses— por una bombona de gas. Resolver este problema no solo es posible: es urgente, estratégico y viable, si se combina liderazgo político, cooperación internacional y un uso inteligente de los activos en el exterior, especialmente CITGO.
¿Qué está fallando?
- El sistema de recolección, fraccionamiento y distribución de gas licuado de petróleo (GLP) está en ruinas. Plantas como Jose (Anzoátegui) o Ulé (Zulia), que antes abastecían buena parte del país, hoy operan a una fracción mínima de su capacidad.
- La desinversión crónica desde 2007, sumada a la corrupción y el deterioro institucional, ha generado un sistema incapaz de procesar y distribuir lo que sí se sigue produciendo en algunos campos.
- La creación de PDVSA Gas Comunal y la politización de la distribución eliminaron incentivos para la eficiencia y facilitaron redes clientelares, donde la entrega de gas se convirtió en instrumento de control social.
- Gran parte del gas asociado a la producción de crudo —sobre todo en la Faja Petrolífera del Orinoco— se quema o se ventea por falta de infraestructura para captarlo, procesarlo y distribuirlo.
¡Un problema con solución!
La rehabilitación urgente de las plantas de fraccionamiento y llenado es una prioridad. Se necesita un plan de emergencia para recuperar las plantas como las de Jose, Ulé, Bajo Grande y Yagua, pero otras más que requieren intervención urgente. Este esfuerzo debe incluir cooperación técnica internacional y transparencia en la ejecución. Se pueden implementar nuevos esquemas de negocios a través de Empresas mixtas con socios especializados en GLP que podrían participar en esquemas supervisados por una autoridad energética autónoma.
Otra medida clave es la descentralización y apertura regulada del mercado de distribución. Permitir que actores privados y gobiernos locales gestionen parte de la distribución, con controles claros, puede mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de espera. El modelo debe incluir tarifas sociales y subsidios dirigidos, pero evitar el “gas gratis” que distorsiona toda la cadena y debilita los incentivos para operar con responsabilidad.
También es crucial capturar y aprovechar el gas que actualmente se ventea. Cada año, Venezuela quema más de 2.000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo cual representa no solo una pérdida económica, sino una catástrofe ambiental. Un programa nacional de captura y reinyección de gas puede convertir ese desperdicio en insumo útil para el gas doméstico, la generación eléctrica y la petroquímica.
En este esfuerzo, podría consolidarse canalizarse a través de un fondo fiduciario auditado internacionalmente para proyectos específicos en el sector gasífero venezolano. Además, CITGO podría coordinar compras de excedentes de GLP desde el Golfo de México para atender picos de emergencia en el país.
Mientras tanto, es recomendable iniciar con un plan piloto en estados críticos. Zulia, Lara, Carabobo, Portuguesa y Bolívar podrían ser las primeras regiones para implementar un programa de recuperación de la distribución de gas, midiendo resultados y corrigiendo errores antes de escalar al resto del país. Estos estados cuentan con yacimientos cercanos y tienen una extensa línea de gasoductos que pasan por su territorio o tienen importantes plantas de fraccionamiento o de llenado.
El problema del gas no es técnico: es político, institucional y de confianza. Una solución creíble pasa por romper con el modelo de gestión opaco, ineficiente y politizado que ha predominado en los últimos veinte años. El sector gasífero —por su menor complejidad técnica frente al sector petrolero— puede convertirse en un espacio piloto para una transición energética ordenada, eficiente y centrada en el ciudadano.
